viernes, 9 de mayo de 2008

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domingo, 4 de mayo de 2008

Postura racista del gobierno chileno hacia los pueblos originarios


Por Rubén Manzano Jaure
Alumno de Pedagogía en Historia y Geografía VII nivel
Universidad Pedro de Valdivia


“En presencia de los gravísimos acontecimientos acaecidos últimamente en la Araucanía, que han significado la virtual militarización del territorio histórico del pueblo mapuche, la instauración de un régimen permanente de vigilancia y terror policial y el asesinato del joven estudiante y comunero Matías Catrileo Quezada por miembros del cuerpo de Carabineros de Chile, y ante la indiferencia de las principales autoridades del Estado frente a la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuches los historiadores e historiadoras…” .

Así comienza la declaración pública llevada a cabo por prestigiosos Historiadores e Historiadoras del país, los cuales de manera significativa manifiestan su descontento hacia las autoridades del estado por la poca y nula capacidad (e intención) política para dar solución a las injusticias y violaciones sociales hacia el pueblo mapuche y los indígenas en general.

Seria pertinente analizar las siguientes interrogantes que nos ayudaran a comprender de manera mas critica la coyuntura actual de los pueblos originarios y, la postura del gobierno hacia estos. El gobierno aplica la “ley de seguridad interior del estado” a los “desmanes” producidos supuestamente por el pueblo mapuche, también aplica la “ley antiterrorista”. ¿Pero aplica esa misma ley a los trabajadores de Codelco que bloquean caminos, queman camiones e impiden el paso de suministros alimenticios a la ciudad de El Salvador? No tengo nada en contra de ellos, incluso entiendo un poco su malestar; pero el gobierno aquí tiene una doble lectura de cómo actuar ante tales movilizaciones. Considerando el actual mecanismo del oficialismo para solucionar conflictos de esta envergadura se debería recurrir a la aplicación de la “ley de seguridad interior del estado” hacia estos ( acción que no comparto para nada). Claramente hay una doble lectura, que podría interpretarse de la siguiente manera, ¿Será acaso que el gobierno tiene una postura racista hacia el pueblo mapuche? Ya que solo a ellos se les aplica por movilizarse aquella “ley maldita” y no a los subcontratistas.

Evidentemente el gobierno de la presidente “Socialista” Michelle Bachellet posee una postura racista, represiva, violenta y poco democrática para dar solución a este conflicto. Se aplica la ley de seguridad interior y la ley antiterrorista, a demandas justas, a movilizaciones sociales (que en democracia son un derecho). Existen presos políticos y se abusa a dirigentes comunitarios y, para que quede aun más claro cito textualmente lo acontecido en Febrero de 2007 “Estábamos haciendo posesión de nuestro territorio en la Península, cuando arremetieron las fuerzas especiales contra todos nosotros con una violencia desmedida, tremenda, ellos tomaron como 10 detenidos, no sabemos cuántos lesionados hay porque ellos siguen dentro allanando y persiguiendo a los demás hermanos. Las palabras de Maria Lonkopan grafican lo que aconteció en Licanray (IXª región) durante los últimos días de febrero de de 2007.”2

La incapacidad política de los grupos que dirigen el país es evidente, resulta imposible comprender la actual línea de gobernabilidad de la presidente, ya que contrasta con su discurso social.

El gobierno de Chile no posee intenciones claras de reconocer a los pueblos originarios como tales y por ende entregarles herramientas de autonomía. "Esta situación requiere un drástico cambio de política del Estado de Chile, que debe asumir un reconocimiento pleno de la diversidad de pueblos originarios existente en nuestro país, lo que implica, entre otros puntos, la autonomía política de las comunidades indígenas, la devolución de sus tierras arbitrariamente usurpadas en base al “derecho de Conquista” y el pleno respeto de los Derechos Humanos de sus integrantes".3. Es evidente e indesmentible que las autoridades del estado han hecho oídos sordos a estas demandas, no solo procedentes de los grupos afectados, sino que también son demandas de sujetos sociales que visibilizan un problema que posee nula opinión pública e informativa.

A vísperas del bicentenario “el conflicto” en relación a los pueblos originarios no a variado mucho, si nos situamos en la coyuntura histórica. Comunidades de las zonas precordilleranas del rió Huasco en Vallenar claman por el respeto a sus territorios ancestrales “vendidos” a mega proyectos mineros (asentamientos de gran valor arqueológico). El recurso hídrico que permitían el desarrollo agrícola y ganadero de comunidades diaguitas y Aymaras hoy está en manos foráneas.



La actual constitución no es el reflejo de la realidad social del país, aquella realidad compuesta por múltiples naciones originarias que como tales merecen el reconocimiento, la valoración y el respeto, “…se requiere potenciar los instrumentos jurídicos, como el Convenio 169 y, eventualmente el Reconocimiento Constitucional (si es que no es hecho a la chilena), principalmente con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como con otros mecanismos que reconozcan nuestros derechos de pueblo…”4.

La actual constitución, aquella en la que se escuda la clase política mas conservadora, transmitiendo un discurso jurídico del que “todos somos chilenos” se equivoca, y de manera rotunda ya que tales leyes (que para muchos son perfectas) son hechas por sujetos y como tales cometen errores y esos errores deben ser reparados antes que lamentemos una perdida invaluable. La identidad de un pueblo.





1 – Declaración publica de Historiadores. Santiago 10 de Febrero de Enero de 2008. forogiro.blogspot.com
2 – Licanray: represión y violencia contra los mapuches. Febrero 27 de 2007. Declaración publica de comunidades de Lincanray tras violento desalojo policial. Espacio-historico.blogspot.com
3 - Declaración publica de Historiadores. Santiago 10 de Febrero de Enero de 2008. forogiro.blogspot.com
4- Anuncios presidenciales para una política indígena: Convenio 169 de la OIT y reconocimiento constitucional ¿demanda indígena o negocio presidencial?. Sergio Caniuqueo Huircapan, Historiador Rodrigo Levil Chicahual, Sociólogo. Espaciohistorico.blogspot.com
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